“El Gobierno pagó 600 millones de pesos para la televisación del fútbol”, “TyC iniciará acciones legales millonarias”, “¿Fútbol gratis?”, “Pasó una semana y el nuevo contrato sigue sin aparecer…”
Con titulares como estos el Grupo Clarín fue tratando el tema de la compra de derechos de televisación del fútbol argentino por parte del Estado y su consiguiente traspaso de la TV-cable a la TV abierta. Como uno de los principales actores involucrados en la rescisión del contrato entre la AFA y la empresa Televisión Satelital Codificada (TSC), el mencionado grupo puso en funcionamiento sus estrategias de manipulación para hacer creer que esta medida (que por naturaleza contribuye a democratizar la información) es una incorrecta y autoritaria intromisión del Estado en la arena mediática.
Sin embargo, lo que el Grupo Clarín está omitiendo decir (y no inocentemente) es el hecho que acaba de perder uno de sus más importantes generadores de ganancias, esto es, la exclusividad en la transmisión de los partidos de fútbol de Primera División. En realidad esto no es nuevo: ya estamos acostumbrados a este tipo de maniobras realizadas por éste y otros multimedios, con el objeto de disfrazar las verdaderas causas y móviles de un suceso y los verdaderos intereses que están en juego. Tomemos un ejemplo paradigmático: al día siguiente del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán (26/06/2002) en la estación Avellaneda, el diario Clarín tituló la noticia como “La crisis causó dos nuevas muertes”, como si hubiese sido la “crisis” la que disparó a quemarropa sobre los dos militantes y no hubiese habido nadie que diera la orden de reprimir la manifestación popular.
Para entender cómo se llegó al pasado martes 11 de agosto, noche en que se comunicó la rescisión del contrato, es preciso que revisemos la historia de la relación entre estos actores. El 19 de abril de 1991, se celebró el primer acuerdo entre la AFA y la empresa TSC (de la cual son propietarios en partes iguales Torneos y Competencias y el Grupo Clarín), sin previa licitación. En aquel entonces se estipuló que se transmitiría un partido en directo los días viernes (y otro los domingos, pero en diferido). Al año siguiente se agregó el partido de los sábados y dos años más tarde se sumó un tercer encuentro. Paulatinamente entonces, la AFA fue cediendo los derechos de televisación del fútbol de Primera División hasta llegar al último contrato que data del 22 de junio de 2007, en el cual se establece la transmisión de los diez partidos de cada jornada. En medio de todo este proceso hubo varios “tira y afloje” para fijar las cifras de los convenios, sobre todo desde fines de 1999, momento en que se acordó que la AFA y TSC dividirían las ganancias en partes iguales.
Hasta aquí entonces, los principales actores: la empresa TSC (TyC, Carlos Ávila en su momento, Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, etc.) y una AFA cómplice (Julio Grondona y los dirigentes de los clubes). Tal vez parezca una obviedad mencionar estos datos pero en verdad echan luz sobre la cuestión y en este caso, por tratarse de un bien público (el fútbol), deberíamos exigir la misma transparencia y ser igual de rigurosos con las empresas privadas así como lo somos con el Estado y sus funcionarios.
Muchas veces que el Estado interviene en ciertos temas, existe una reacción automática, sobre todo proveniente de la llamada “clase media”, manifestando su descontento con “lo que hacen con el dinero de sus impuestos”. Estoy de acuerdo con exigir transparencia y eficiencia en la administración de lo recaudado pero a veces parece que a estos sujetos les molestara pagar impuestos, es decir, contribuir para el bien común. De otra manera no se explica por qué se empecinan en remarcar, en cada ocasión que pueden hacerlo, que ellos “pagan sus impuestos”. Quizás crean que en lugar de tratarse de una contribución, se tratara de una relación comercial entre un Estado-empresa de servicios y un ciudadano-cliente que, como tal, exige “satisfacción garantizada o devolución del dinero”.
Precisamente uno de los argumentos que utilizó parte de la oposición para criticar la medida tomada por el gobierno respecto del fútbol, fue el de la existencia de cuestiones “más importantes” que ésta para destinar los fondos públicos. Principalmente se hizo referencia a la pobreza (en algunos casos, de manera muy hipócrita). Es cierto que la pobreza es más importante, eso no está en discusión, sin embargo ¿por qué sólo atender las necesidades materiales? ¿Por qué no contemplar también las necesidades culturales?
Además, las declaraciones de la oposición insinúan que el gobierno no se ocupa de ese problema (“el escándalo de la pobreza” como les gusta decir, adhiriendo a las palabras del Papa Benedicto XVI). Una vez más, se trata de una mentira para desprestigiar al gobierno dado que, justamente, en la misma semana en que anunció el nuevo convenio con la AFA, la presidenta Cristina Fernández presentó un plan de creación de 100 mil puestos de trabajo (cuyo presupuesto inicial será de 9 mil millones de pesos) que, obviamente, también fue criticado por Unión-PRO, la UCR y la Coalición Cívica. Parece que el único proyecto común de estos partidos es oponerse a cualquier tipo de medida (en el resto de los temas no logran ponerse de acuerdo). Y miren qué ambigüedad: Francisco De Narváez criticó el convenio del fútbol pero el canal América (de quien él es el principal accionista) fue el único canal privado, hasta el momento, que acordó la transmisión de dos partidos en la segunda fecha del torneo y otros dos en la tercera.
El periodista Jorge Lanata se plegó a la catarata de críticas y preguntó “¿Por qué no impulsar el libro en lugar del fútbol?”, desconociendo los fondos que destina el Estado para el financiamiento de las bibliotecas populares. En sintonía con esta crítica, en uno de los tantos foros de la Web, un gorilesco internauta declaró: “Esto es la política del peronismo: ‘alpargatas sí, libros no’”, reproduciendo un viejo mito de la etapa de “desperonización” de la sociedad, abierta a partir de la “Revolución Libertadora”. En realidad, la frase en cuestión sí existió pero no hacía alusión a una política cultural sino a la antinomia entre los trabajadores rurales (favorecidos con el “Estatuto del Peón de campo”, sancionado en 1944) y los estudiantes y profesores universitarios (críticos del régimen). Al caer el peronismo, se utilizó la frase para demonizarlo. Parece entonces que al que le falta libro es a este internauta (“boludear en Internet sí, libros no”).
Otro periodista, Víctor Hugo Morales, se manifestó a favor de la medida tomada por el gobierno (vale aclarar que en varias otras oportunidades él ha sido crítico del kirchnerismo y es desde hace años, el “enemigo íntimo” de Julio Grondona). Sostuvo que el fútbol es un negocio formidable y que “bien hechas las cosas, el fútbol va a ganar más de 600 millones por año y el Estado tiene la posibilidad de alzarse unos 1000 ó 1500 millones”. La pregunta entonces es la siguiente: ¿por qué dejar en manos privadas algo que puede ser tan económicamente beneficioso?
Pensando el tema ya no en términos económicos sino sociales, esta intervención del Estado contribuye a garantizar el derecho a la información. El problema es que luego de tantos años de fútbol codificado, se ha naturalizado que ver fútbol es un “lujo” por el que hay que pagar, y el que no puede hacerlo, tiene “la radio que se ve”: esos programas para “televidentes pobres” en los que se muestran las tribunas mientras se escucha el relato del partido, algo muy bien definido por el periodista Alejandro Apo como una “metáfora de la exclusión”.
Además, la medida tomada por el gobierno también constituye una ayuda financiera para los clubes, los cuales son asociaciones civiles en donde pueden desarrollarse muchísimas actividades sociales y deportivas (además del fútbol), algo nada desdeñable, por ejemplo, como espacio de contención para niños y adolescentes.
Podemos decir entonces que la iniciativa gubernamental si bien tiene algo de “ajuste de cuentas” con el Grupo Clarín (y que sirve de trampolín para instalar el debate sobre el Proyecto-Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual), principalmente contribuye a la recuperación del histórico rol del Estado como garante de derechos, recuperación que viene gestándose desde 2003.
J.M.J.
