26 de junio de 2010

Thomatelá!

El pasado martes 15 de junio la Corte Suprema emitió un fallo a favor de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. De esta manera, su aplicación está cada vez más cerca. El dictamen rechazó la medida cautelar presentada por el diputado del Peronismo Federal, Enrique Thomas, argumentando entre otras cosas que "no tiene legitimación para reeditar en sede judicial un debate que perdió en el Congreso".

Sin embargo, para los principales medios la noticia no fue que el fallo de la Corte contribuye a destrabar la entrada en vigencia de la Ley, hecho que desde aquí festejamos. Por el contrario, lo más importante pareció ser que la decisión de los supremos, no se refiere al contenido sino sólo a la falta de validez de la cautelar. Así, Clarín afirmó que “la ley de medios aún está suspendida” y que los planteos acerca de su validez “están lejos de resolverse”.

Si bien es cierto que el fallo aclara explícitamente que no se refiere al contenido, esta insistencia en remarcar la cuestión podría entenderse como un nuevo intento de quitarle legitimidad a la ley aprobada en octubre del año pasado y, sobre todo, al debate sobre la democratización de los medios de comunicación. Perdida la batalla en el Congreso, lo que pretenden ahora los medios es instalar el fantasma de la inconstitucionalidad de la ley. Y entonces comenzarán a desfilar los abogados constitucionalistas por TN y otros canales, repitiendo lo que los grupos mediáticos quieren que digan. Hablar de inconstitucionalidad requiere de mucha responsabilidad, pero ésta muchas veces brilla por su ausencia. Es como repetir la palabra “bomba” en un avión. Enseguida causa alarma.

Juan Manuel Judez

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