A desalambrar

El pasado 10 de octubre fue promulgada la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual en el Senado, sepultando definitivamente la reaccionaria 22.285 de la dictadura y sentando las bases para una genuina democratización de la comunicación. Tuvieron que pasar casi treinta años para que luego de varios
tímidos intentos de modificación, llegara un gobierno con firmes convicciones de enfrentarse a los oligopolios mediáticos.

Desde la mañana anterior se habían concentrado frente al Congreso de la Nación las organizaciones pertenecientes a la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Junto a ellas, otras organizaciones, estudiantes y ciudadanos que adhirieron al proyecto, también dijeron presente. Por la tarde hubo lugar para la presentación de cantantes populares en un escenario montado sobre la avenida Entre Ríos y para la transmisión de los acontecimientos desde un estudio de Radio Cooperativa instalado en medio de la plaza.

Ya todos sabemos que en realidad fueron estas organizaciones las que le dieron origen al proyecto en los famosos “21 puntos”, los cuales luego retomaría la Presidenta Cristina Fernández. Pero a su vez, son estas organizaciones también las que le dan razón de ser a la flamante Ley, es decir: de nada servirá la Ley si no permite que estos sectores se apropien de esos espacios que les otorga la misma.

No quiero decir con esto que las organizaciones no estén capacitadas para hacerlo ni tampoco, como se dijo por ahí, que el oficialismo haya utilizado a las organizaciones para darle legitimidad a un proyecto que no persigue en absoluto la democratización de la comunicación sino el mero control de los medios, o que sólo licenciará a organizaciones afines al gobierno. Nada más lejos de mi pensamiento. Me refiero a que ya habiéndose dado el marco jurídico para la apertura del espectro radioeléctrico hacia otros sectores, quizás haya que pensar ahora en algún tipo de sistema de financiamiento para que estas organizaciones puedan equiparse. Por supuesto esto no debería funcionar como una censura encubierta, es decir, que el financiamiento le abra la puerta al gobierno para fijar ciertos contenidos. La idea sería diseñar un sistema de financiamiento estatal equitativo e independiente, para el desarrollo de nuevos medios de comunicación radiales y televisivos, así como el fortalecimiento de los ya existentes (hablamos en ambos casos de medios sin fines de lucro).

Con gustito a revancha

Las horas avanzaban y los oradores de las distintas fuerzas políticas exponían sus argumentos. El debate cada vez se hacía más acalorado. Afuera, una multitud aguardaba el final. Todos repetían que los votos ya estaban pero lo cierto es que bien entrada la madrugada, el fantasma de la 125 amenazaba: el sólo hecho de pensar en un nuevo voto “no positivo” de Cobos, daba escalofrío. Sin dudas, un nuevo revés hubiese sido de un altísimo costo político.

Era difícil pensar en la posibilidad del tratamiento del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual luego del resultado de las elecciones legislativas de junio. Ni el más optimista hubiese afirmado que apenas tres meses después de la “gran derrota”, la Ley estaría promulgada y creo que hasta el propio oficialismo se sorprendió de cómo se fue dando el proceso. No obstante, supo aprovechar la oportunidad.

Desandar el camino que guió al proyecto hacia el Congreso nos lleva al 11 de agosto, día en que se celebró el convenio entre la AFA y el Estado para la televisación de los partidos de Primera División. Si bien ya existía la idea de intervenir en esta cuestión (véase el artículo 65 del proyecto original presentado por la Presidenta el 18 de marzo en la ciudad de La Plata), el conflicto de los clubes con sus jugadores por las deudas salariales y la posibilidad de que esto llevara a una huelga que retrasara el inicio del torneo, fueron motivos suficientes para que el gobierno se adelantara al tratamiento del proyecto y realizara una tentadora oferta a la AFA.

Este hecho fue clave para instalar el debate acerca de la importancia de cambiar la arcaica Ley de Radiodifusión firmada por Videla. A su vez, para el Grupo Clarín significó una importante pérdida de poder: despojado de uno de sus principales generadores de ganancias, comenzó entonces una inescrupulosa campaña de demonización del proyecto oficialista. El resto de los medios hegemónicos, las entidades de medios privados y por supuesto, gran parte de la oposición, también fueron de la partida. Así se llegó al 9 de octubre.

Todo pasa y todo queda…

Una de las ideas que más se repitieron en los días previos a la votación en el Senado, fue la de que las intenciones del gobierno con esta Ley no eran otras que el ataque hacia el Grupo Clarín. Haciendo un dramático papel de víctima, el mencionado grupo se escudó permanentemente en una ficticia libertad de expresión para ocultar sus reales intenciones de vaciar de contenido el debate por la democratización. Asimismo, quienes hablaban de “Ley K” y de “debate express” borraban el verdadero origen del proyecto y el trabajo que en los últimos cinco años se vino realizando en el espacio de la Coalición por una Radiodifusión Democrática.

Y si, en efecto, además de abrir el espectro mediático a otros sectores, la Ley constituyera un “ajuste de cuentas” con el Grupo Clarín, yo pregunto: ¿Qué hay de antidemocrático en querer poner límites al poder económico-mediático? En definitiva, ambas cuestiones van de la mano: quitarle a unos para darle a otros.

Lo cierto es que la lucha no fue en vano ya que quedó plasmada en una Ley. Ahora es importante defenderla de la misma manera en que se apoyó el proyecto: con el debate y la discusión pero también con la apropiación de los medios por parte de las organizaciones sociales, medios que ahora sí están a su alcance. A la vez, ofreciendo un buen servicio de información (para demostrar que un medio comunitario no es sinónimo de baja calidad informativa) y generando vínculos con la población a partir de dar respuesta a sus verdaderas necesidades.

Una última (y fundamental) cuestión: la importancia de tener memoria. Durante estos meses de fuertes debates, quedó al descubierto quiénes son los propietarios de los medios de comunicación y a qué intereses responden. También quedó explicitado por qué se informa de una u otra manera y cómo esto tiene que ver con las intenciones que se persiguen. Se vino abajo, al fin (aunque muchos emisores y receptores se empecinen en seguir sosteniéndola), la idea de que los medios son reflejo de la realidad y que informan con objetividad. Creo que a la hora de seguir pensando qué comunicación queremos para la Nación, no debemos olvidarnos de todo esto.

J.M.J.

Imágenes de la concentración en el Congreso

Banderas y más banderas que le dieron color y calor a la noche. Detrás, el imponente edificio del Congreso, testigo una vez más de una gesta histórica.




La imaginación al poder y el blanco preferido: el Grupo Clarín.
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Todas las voces, todas

Cada día que pasa entiendo más a los ludistas. A veces siento tanta bronca e indignación por lo que veo y escucho en la televisión que me dan ganas de destruirla a golpes. Por suerte antes de hacerlo me tomo dos o tres segundos para reflexionar y depongo mis violentas intenciones. Los años que llevo como estudiante de Ciencias de la Comunicación no pasaron en vano: hace tiempo que dejé la teoría de la “caja boba” (“la TV es mala”) para entender que uno puede realizar una lectura crítica de los medios de comunicación, apuntando no al “aparato” sino a quienes lo manejan y a su discurso. Hace tiempo que me di cuenta que el “tirano” no es “el tiempo” sino los dueños de los medios.

Desde que comenzó el debate por el proyecto-Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se han dicho muchas cosas en los principales medios: desde frases apocalípticas como “El gobierno impulsa la ley mordaza” o “TN va a desaparecer”, hasta grotescas como “Se viene el cepo K”. También hubo grandes errores de periodistas (que quizás denotan una insuficiente lectura del proyecto) como los que hicieron referencia al posible condicionamiento de medios gráficos a partir de la nueva Ley, cuando el proyecto en ninguno de sus artículos hace alusión a la prensa escrita. Pero sin lugar a dudas, lo más bajo de todo fue utilizar en un spot radial de Radio Mitre y FM 100 el nombre de periodistas que ya fallecieron como Néstor Ibarra, Adolfo Castelo y Jorge Guinzburg, para inclinar a la “opinión pública” a su favor. Algo similar también se hizo en Canal 13 con imágenes de “Pepe” Biondi, Alberto Olmedo y Javier Portales (artistas también fallecidos).

Existen otras publicidades que no se quedan atrás: me refiero a las de las entidades que nuclean a los medios privados y a la televisión por cable, las del consejo publicitario y las de instituciones cuyo origen es una nebulosa como la “Fundación Valores”. Hay un spot, por ejemplo, que muestra un control remoto mientras se repite la parte del himno nacional que dice “libertad, libertad”. Considero que reducir el concepto de libertad a la elección de la programación es verdaderamente triste. Otro spot similar sostiene que el poder “te lo da el control remoto” (y no la Ley, como dice la propaganda oficial), ignorando que sólo una programación plural, diversa y con intereses que no sean meramente el lucro (aspectos contemplados en el proyecto-Ley en cuestión) puede fomentar el pensamiento crítico y liberador en los televidentes. Ése y no otro, es el verdadero poder que tiene el ser humano.
No obstante, todos estos recursos no dejan de ser desesperados “manotazos de ahogado” de grupos económicos que por primera vez desde la vuelta de la democracia, están viendo afectados sus intereses y su poder. Ya lo dijimos en notas anteriores: estamos ante una oportunidad histórica para mejorar la distribución de los espacios de comunicación. Luego de casi treinta años, el Decreto-Ley 22.285 firmado por Videla tiene los días contados.

Interrogantes

Volvemos al garrote. ¿Cómo no sentir indignación cuando el Grupo Clarín habla de “libertad de expresión” sabiendo que “el gran diario argentino” es propietario (junto con La Nación y el Estado Nacional) de Papel Prensa S.A.? Desde 1978 (oh casualidad…) esta empresa comercializa el papel con el que se hacen la mayoría de los periódicos del país, es decir que estos últimos son de una manera u otra, clientes de Clarín. ¿Qué pasaría si Clarín subiera considerablemente el precio del papel? Provocaría a la larga el cierre de los diarios más pequeños. ¿No es acaso esto una amenaza latente contra la libertad de expresión?

¿Cómo no exasperarse cuando con total hipocresía los multimedios dicen estar de acuerdo en querer cambiar la ley de la dictadura, habiéndose beneficiado durante todos estos años con esa reglamentación y con las modificaciones menemistas? ¿Cómo no sentirse subestimado intelectualmente por el Grupo Clarín cuando en su página web nos habla de “integración” para referirse a la compra de empresas de medios y de otros rubros, dando lugar a la más feroz concentración?
¿Cómo no desesperarse cuando los mismos argumentos que el Grupo Clarín utiliza para oponerse al proyecto, se escuchan en la calle, en los transportes públicos y en otros lugares de concentración? ¿Cómo no sentir impotencia ante la facilidad que tienen tales estrategias para lograr resultados favorables y, en consecuencia, lo difícil que se hace a veces la batalla que uno puede dar a partir del debate y la discusión?

El vedettismo de (una parte de) la oposición

Más preocupada por salir bien en cámara que por discutir el proyecto-Ley, gran parte de la oposición (UCR, Coalición Cívica, Unión-PRO y PJ disidente, entre otros) anduvo desfilando por un sinnúmero de programas televisivos y, en otras ocasiones, transmitió en vivo y en directo desde el Congreso de la Nación. Durante el mes de septiembre, los argumentos de los diputados y senadores fueron variando a medida que se iban desarrollando los hechos. Primero utilizaron el recurrente “no es momento” (como no era momento tampoco para la reforma política o para la televisación del fútbol). Luego se habló de “ilegitimidad del actual Congreso”, argumento falso ya que independientemente del resultado de los pasados comicios, la actual composición es producto también de un proceso eleccionario. En consonancia con este último argumento, se planteó que el oficialismo quiere tratar rápidamente el tema para que la Ley se promulgue antes de diciembre, ignorando (intencionadamente) que desde hace cinco años se viene trabajando en este proyecto y que ya figuraba en la plataforma electoral con la que Cristina Fernández y Julio Cobos triunfaron en 2007.

Como la estrategia de dilatar el tratamiento del proyecto (para que finalmente no fuera discutido) no impidió que comenzara el debate, los legisladores de la oposición más dura pusieron sobre la mesa otro argumento gastado: “no hay discusión, el oficialismo sólo quiere imponer” (similar al “no hay diálogo” de la Mesa de Enlace). Pero lo cierto es que cuando tuvieron la oportunidad en la Cámara de Diputados, prefirieron retirarse del recinto y declarar ante las cámaras de TV que no querían “hacerle el juego al kirchnerismo” (actitud que se acerca más a un capricho que a la función legislativa en sí). Mucho más digno fue el papel de la oposición de centroizquierda (Proyecto Sur, Nuevo Encuentro Solidaridad e Igualdad y Partido Socialista, entre otros), la cual logró introducir numerosas modificaciones al proyecto y permaneció en las bancas para participar de las votaciones en general y en particular. Así entonces, el proyecto obtuvo la media sanción y pasó al Senado.

La gran ausente durante el debate fue Elisa Carrió; para muchos, la principal referente de la oposición. Sin embargo, si hacemos un poco de memoria, debemos recordar que cuando comenzó a barajarse la posibilidad de que el proyecto fuera presentado en el Congreso, la diputada electa declaró: “No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos si es en defensa de la libertad de expresión”. En sintonía con estas palabras, en un debate televisivo con Agustín Rossi (FPV), el diputado de la UCR Oscar Aguad puso en duda la existencia de monopolios mediáticos. Un interrogante, entonces: ¿cómo puedo creerles cuando dicen estar de acuerdo en querer cambiar la actual Ley de Radiodifusión?

¿Cómo creerle a Francisco De Narváez cuando afirma que los políticos no deberían poder ser licenciatarios de medios de comunicación, cuando él es el accionista mayoritario del canal América? ¿Cómo creerle al senador Juan Carlos Romero cuando habla de libertad de expresión siendo él el dueño del diario El Tribuno de Salta? ¿Y de qué libro sacó el diputado Federico Pinedo (PRO) que la libertad de expresión es “la posibilidad de criticar al gobierno”?
Por último, también en un programa televisivo, el diputado Fernando Iglesias (CC) criticó duramente el proyecto y sostuvo que, de sancionarse la Ley, las organizaciones sociales que obtendrán licencias sólo serán las que tienen afinidad con el gobierno: “se vienen entonces ‘Radio Moyano’ o ‘Radio D’Elía’”, ironizó. ¿No será que el señor Iglesias le teme al fantasma de un segundo “aluvión zoológico” como el del 17 de octubre del ’45? ¿No será que teme que “los negros” regresen pero para “lavarse las patas” en las fuentes de Clarín?

J.M.J.

Por una nueva ley de Medios: ahora le toca al Senado

En la madrugada del pasado jueves, 147 votos afirmaron la voluntad política del gobierno nacional de impulsar una ley de medios de la democracia y terminar con el Decreto-Ley de la última dictadura militar: “la espantosa 22.285”.

El Proyecto-Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y ahora deberá ser tratada en el Senado en 15 días.

Según fuentes del oficialismo, ya contarían con 38 senadores a favor de la ley que le permitiría al gobierno convocar la sesión para tratar el proyecto, y no se descarta que el texto sufra algunas modificaciones para ampliar el respaldo y fortalecer el consenso.

Así, se estima que el 7 de octubre el Senado sea el escalón final para que el proyecto tome fuerza de ley y el kirchnerismo demuestre que aún conserva la iniciativa política, a pesar de la ajustada derrota electoral sufrida el 28 de junio de este año.

En los pasillos del Congreso se escuchó decir a un militante puro del kirchnerismo: “Y ustedes hablan de que se nos agotó el tiempo, que estamos en retirada, que entramos en agonía y que por la derrota electoral no íbamos a mandar la ley de medios. Muchachos, ¿y ahora de qué se van a disfrazar?”.

Las negociaciones de último momento con los legisladores del socialismo permitieron que estos acompañen el proyecto y logró una clara victoria política hacia adentro del partido liderado por Hermes Binner, actual gobernador de Santa Fe, frente a Rubén Giustiniani.

No se de qué se trata pero me opongo

Mientras tanto la oposición atacó frente a las cámaras de televisión y no desde sus bancas -lugar que la sociedad les entregó cuando los votó- a la futura ley de medios, demostrando así que con frases vacías quería esconder la incapacidad para leer el proyecto.

Las frases elegidas por la oposición, ideadas por asesores que confunden la política de los medios con la mediatización de la política, fueron: “Es una desprolijidad cómo se convocó a la sesión”, “ésta es una ley mordaza”, “Kirchner tendrá pleno control sobre los medios”, “quieren callar a la oposición y terminar con la prensa independiente” o que “la prensa es el cuarto poder que investiga y denuncia los hechos de corrupción de los políticos”, entre otros tantos descalificativos.
Estas declaraciones frente a las cámaras de televisión no hacen más que confirmar que la voluntad política del oficialismo le ganó, por ahora, a las presiones de las entidades periodísticas -como ATA Y ARPA- y a las presiones de los editores de los medios que digitaban desde sus pomposas oficinas qué diputado tenía aire y cuál no.

Desde este blog, ya lo anunciamos y vale la pena reiterarlo: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO SON ESPEJOS DE LA REALIDAD, NI REFLEJO DE LO QUE PASA EN LA CALLE, NI MUCHO MENOS HACEN TAPA CON LO QUE OTROS QUIEREN TAPAR. Los medios son empresas políticas con intereses económicos.

Ahora es el momento en que el Senado se expida sobre el proyecto. Mientras eso ocurre, las pintadas en la ciudad avisan que si el vicepresidente debe decidir nuevamente, se multiplicarán los escraches que dejó la Resolución 125.

Aún se puede leer en algunas paredes de la ciudad: “Cobos traidor, saludos a Vandor” o la que sostiene: “un valium para Clarín”. No son latiguillos de campaña, ni mucho menos frases intimidatorias. Es la clara expresión de una parte de la sociedad, ni más ni menos.

Por último, Argentina es conocida en el mundo por muchas cosas: por el dulce de leche, por Carlos Gardel, por tener seis golpes de Estado en 100 años de historia política, por un líder que se refugió en Madrid y regresó al país después de 18 años de proscripción, por militares que pusieron los fusiles para matar a los propios ciudadanos, por enjuiciar a los asesinos que cometieron el terrorismo de Estado y por el gol de Diego Maradona a los ingleses.

A esta reducida lista hay que agregarle que un vicepresidente sea el referente de la oposición al gobierno que lo llevó en su fórmula.

Sr. Montonero Grondona...

“El Gobierno pagó 600 millones de pesos para la televisación del fútbol”, “TyC iniciará acciones legales millonarias”, “¿Fútbol gratis?”, “Pasó una semana y el nuevo contrato sigue sin aparecer…”

Con titulares como estos el Grupo Clarín fue tratando el tema de la compra de derechos de televisación del fútbol argentino por parte del Estado y su consiguiente traspaso de la TV-cable a la TV abierta. Como uno de los principales actores involucrados en la rescisión del contrato entre la AFA y la empresa Televisión Satelital Codificada (TSC), el mencionado grupo puso en funcionamiento sus estrategias de manipulación para hacer creer que esta medida (que por naturaleza contribuye a democratizar la información) es una incorrecta y autoritaria intromisión del Estado en la arena mediática.

Sin embargo, lo que el Grupo Clarín está omitiendo decir (y no inocentemente) es el hecho que acaba de perder uno de sus más importantes generadores de ganancias, esto es, la exclusividad en la transmisión de los partidos de fútbol de Primera División. En realidad esto no es nuevo: ya estamos acostumbrados a este tipo de maniobras realizadas por éste y otros multimedios, con el objeto de disfrazar las verdaderas causas y móviles de un suceso y los verdaderos intereses que están en juego. Tomemos un ejemplo paradigmático: al día siguiente del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán (26/06/2002) en la estación Avellaneda, el diario Clarín tituló la noticia como “La crisis causó dos nuevas muertes”, como si hubiese sido la “crisis” la que disparó a quemarropa sobre los dos militantes y no hubiese habido nadie que diera la orden de reprimir la manifestación popular.

Para entender cómo se llegó al pasado martes 11 de agosto, noche en que se comunicó la rescisión del contrato, es preciso que revisemos la historia de la relación entre estos actores. El 19 de abril de 1991, se celebró el primer acuerdo entre la AFA y la empresa TSC (de la cual son propietarios en partes iguales Torneos y Competencias y el Grupo Clarín), sin previa licitación. En aquel entonces se estipuló que se transmitiría un partido en directo los días viernes (y otro los domingos, pero en diferido). Al año siguiente se agregó el partido de los sábados y dos años más tarde se sumó un tercer encuentro. Paulatinamente entonces, la AFA fue cediendo los derechos de televisación del fútbol de Primera División hasta llegar al último contrato que data del 22 de junio de 2007, en el cual se establece la transmisión de los diez partidos de cada jornada. En medio de todo este proceso hubo varios “tira y afloje” para fijar las cifras de los convenios, sobre todo desde fines de 1999, momento en que se acordó que la AFA y TSC dividirían las ganancias en partes iguales.

Hasta aquí entonces, los principales actores: la empresa TSC (TyC, Carlos Ávila en su momento, Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, etc.) y una AFA cómplice (Julio Grondona y los dirigentes de los clubes). Tal vez parezca una obviedad mencionar estos datos pero en verdad echan luz sobre la cuestión y en este caso, por tratarse de un bien público (el fútbol), deberíamos exigir la misma transparencia y ser igual de rigurosos con las empresas privadas así como lo somos con el Estado y sus funcionarios.

Muchas veces que el Estado interviene en ciertos temas, existe una reacción automática, sobre todo proveniente de la llamada “clase media”, manifestando su descontento con “lo que hacen con el dinero de sus impuestos”. Estoy de acuerdo con exigir transparencia y eficiencia en la administración de lo recaudado pero a veces parece que a estos sujetos les molestara pagar impuestos, es decir, contribuir para el bien común. De otra manera no se explica por qué se empecinan en remarcar, en cada ocasión que pueden hacerlo, que ellos “pagan sus impuestos”. Quizás crean que en lugar de tratarse de una contribución, se tratara de una relación comercial entre un Estado-empresa de servicios y un ciudadano-cliente que, como tal, exige “satisfacción garantizada o devolución del dinero”.

Precisamente uno de los argumentos que utilizó parte de la oposición para criticar la medida tomada por el gobierno respecto del fútbol, fue el de la existencia de cuestiones “más importantes” que ésta para destinar los fondos públicos. Principalmente se hizo referencia a la pobreza (en algunos casos, de manera muy hipócrita). Es cierto que la pobreza es más importante, eso no está en discusión, sin embargo ¿por qué sólo atender las necesidades materiales? ¿Por qué no contemplar también las necesidades culturales?

Además, las declaraciones de la oposición insinúan que el gobierno no se ocupa de ese problema (“el escándalo de la pobreza” como les gusta decir, adhiriendo a las palabras del Papa Benedicto XVI). Una vez más, se trata de una mentira para desprestigiar al gobierno dado que, justamente, en la misma semana en que anunció el nuevo convenio con la AFA, la presidenta Cristina Fernández presentó un plan de creación de 100 mil puestos de trabajo (cuyo presupuesto inicial será de 9 mil millones de pesos) que, obviamente, también fue criticado por Unión-PRO, la UCR y la Coalición Cívica. Parece que el único proyecto común de estos partidos es oponerse a cualquier tipo de medida (en el resto de los temas no logran ponerse de acuerdo). Y miren qué ambigüedad: Francisco De Narváez criticó el convenio del fútbol pero el canal América (de quien él es el principal accionista) fue el único canal privado, hasta el momento, que acordó la transmisión de dos partidos en la segunda fecha del torneo y otros dos en la tercera.

El periodista Jorge Lanata se plegó a la catarata de críticas y preguntó “¿Por qué no impulsar el libro en lugar del fútbol?”, desconociendo los fondos que destina el Estado para el financiamiento de las bibliotecas populares. En sintonía con esta crítica, en uno de los tantos foros de la Web, un gorilesco internauta declaró: “Esto es la política del peronismo: ‘alpargatas sí, libros no’”, reproduciendo un viejo mito de la etapa de “desperonización” de la sociedad, abierta a partir de la “Revolución Libertadora”. En realidad, la frase en cuestión sí existió pero no hacía alusión a una política cultural sino a la antinomia entre los trabajadores rurales (favorecidos con el “Estatuto del Peón de campo”, sancionado en 1944) y los estudiantes y profesores universitarios (críticos del régimen). Al caer el peronismo, se utilizó la frase para demonizarlo. Parece entonces que al que le falta libro es a este internauta (“boludear en Internet sí, libros no”).

Otro periodista, Víctor Hugo Morales, se manifestó a favor de la medida tomada por el gobierno (vale aclarar que en varias otras oportunidades él ha sido crítico del kirchnerismo y es desde hace años, el “enemigo íntimo” de Julio Grondona). Sostuvo que el fútbol es un negocio formidable y que “bien hechas las cosas, el fútbol va a ganar más de 600 millones por año y el Estado tiene la posibilidad de alzarse unos 1000 ó 1500 millones”. La pregunta entonces es la siguiente: ¿por qué dejar en manos privadas algo que puede ser tan económicamente beneficioso?

Pensando el tema ya no en términos económicos sino sociales, esta intervención del Estado contribuye a garantizar el derecho a la información. El problema es que luego de tantos años de fútbol codificado, se ha naturalizado que ver fútbol es un “lujo” por el que hay que pagar, y el que no puede hacerlo, tiene “la radio que se ve”: esos programas para “televidentes pobres” en los que se muestran las tribunas mientras se escucha el relato del partido, algo muy bien definido por el periodista Alejandro Apo como una “metáfora de la exclusión”.

Además, la medida tomada por el gobierno también constituye una ayuda financiera para los clubes, los cuales son asociaciones civiles en donde pueden desarrollarse muchísimas actividades sociales y deportivas (además del fútbol), algo nada desdeñable, por ejemplo, como espacio de contención para niños y adolescentes.

Podemos decir entonces que la iniciativa gubernamental si bien tiene algo de “ajuste de cuentas” con el Grupo Clarín (y que sirve de trampolín para instalar el debate sobre el Proyecto-Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual), principalmente contribuye a la recuperación del histórico rol del Estado como garante de derechos, recuperación que viene gestándose desde 2003.

J.M.J.

A modo de editorial

Las pasadas elecciones legislativas del 28 de junio de 2009 en la Argentina dejaron un escenario político diferente.

Según los medios de comunicación masiva la oposición fue la gran victoriosa en los comicios y ésta ya se entusiasma con gobernar el país a partir del 10 de diciembre de 2011. No se preocupa por quién será el candidato más apto para ocupar el sillón de Rivadavia, ni mucho menos en respaldar las decisiones del actual gobierno.

Por su parte, el oficialismo, es decir el kirchnerismo, que asumió el poder el 25 de mayo de 2003, asegura que terminará su mandato y “profundizará el modelo”, el cual está basado en un dólar alto y el control de precios para que la inflación no perfore los sueldos de los trabajadores.

Además apuesta a seguir generando superávit en la balanza comercial y fiscal, apoyado por la exportación de la industria agrícolaganadera, e intenta respaldar una devastada industria nacional.

Bajo estas iniciativas económicas, mediante una fuerte intervención por parte del Estado, el kirchnerismo ha ido construyendo una fuerte legitimidad social y política. Desde el 2003 hasta las últimas elecciones los resultados lo favorecieron: en aquel año la fórmula Néstor Kirchner-Daniel Scioli alcanzó el 25,72% en la provincia de Buenos Aires mientras que Carlos Menem-Juan Carlos Romero apenas consiguieron un 20,40%. Menem decidió no ir a segunda vuelta y Kirchner llegó a la Casa Rosada con el 22% de los votos a nivel nacional.

En las elecciones legislativas de 2005 Cristina Fernández ganó con el 40% frente a Hilda “Chiche” Duhalde, cuando ambas competían por el cargo de senadora. Dos años después llegaron las elecciones a Presidente y Cristina fue elegida con el 43% de los votos frente a otra mujer, Elisa Carrió, que alcanzó el 24% de los sufragios.

Sin embargo, cuando apenas llevaba tres meses de gestión, el actual gobierno atravesó su primera crisis. Fue lo que todos conocimos por los medios masivos como “el conflicto con el campo” (gran eufemismo… uno más de la prensa nuestra de cada día: escondía los intereses de los grandes terratenientes ligados a la oligarquía tradicional argentina, detrás de los reclamos de pequeños chacareros).

Con aciertos y desaciertos en el modo de tratar el tema por parte del kirchnerismo, y con una oposición alineada detrás de las corporaciones agrarias y apoyada por las otras corporaciones, las mediáticas, llegamos a julio de 2008 con un escenario abierto para el tratamiento de la Resolución 125 en el Senado. Luego vendrían las negociaciones hasta último momento, el debate hasta altas horas de la madrugada y el famoso voto “no positivo” de Julio Cobos.

Este conflicto significó una bisagra no sólo para la gestión del actual gobierno sino para todo el período iniciado en 2003. Las preguntas que quedan flotando son varias: ¿Qué pasó con el poder acumulado hasta ese momento? ¿Cómo pudo desdibujarse tan rápidamente ese 43% de apoyo que el pueblo argentino le brindó a Cristina Fernández cuando fue electa Presidenta? ¿Qué incidencia tuvieron los medios masivos en esta declinación? ¿Es tal la declinación?

En las últimas elecciones el kirchnerismo jugó todo lo que tenía y perdió por un margen muy pequeño. Según los datos del Ministerio del Interior la diferencia entre el ganador en la provincia de Buenos Aires, Francisco de Narváez, sobre Néstor Kirchner fue de 178 mil votos (en porcentajes, un 34% para el candidato de Unión-PRO y un 32% para el del Frente para la Victoria).

Después de este proceso eleccionario, como estudiantes de comunicación, como ciudadanos, como sujetos políticos que somos, decidimos elaborar un blog donde poder sistematizar algunos trabajos sobre la incidencia de los Medios en la política. Esperamos poder aportar desde nuestra especificidad, desde el campo de la Comunicación, algunas consideraciones tanto sobre el “efecto” que los medios producen en los espectadores, como sobre la resignificación que éstos realizan al “consumirlos”. Y a partir de allí, promover la discusión, el intercambio y la construcción.

En el último tiempo se ha instalado públicamente (como hace mucho no sucedía) la cuestión de la propiedad de los medios de comunicación y la existencia de los monopolios y oligopolios en el rubro. En sintonía con este debate, la Presidenta presentó en marzo de este año el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el cual incluye las propuestas surgidas del debate que se viene dando desde hace cinco años en un espacio denominado Coalición por una Radiodifusión Democrática (integrado por organizaciones sociales de base, sindicatos, Universidades, centros culturales, instituciones religiosas, etc.).

Consideramos este momento como una oportunidad histórica para avanzar en la democratización del acceso y la participación civil en los medios de comunicación masiva.

El nombre del blog surge de una postura contrainformacional desde la cual partimos. Durante toda la campaña nos hartamos de escuchar la frase “¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso?”, no sólo en el programa de Marcelo Tinelli y en otros programas “satélites” que habitualmente reproducen su contenido, sino en los medios de transporte, los bares y otros espacios públicos de reunión. Ahora bien, se llegó a pensar (y todavía existen quienes desconocen su verdadero origen, véase youtube) que fue Tinelli el inventor de la frase, cuando en realidad fue Néstor Kirchner quien la pronunció en un acto en el partido de Tres de Febrero en marzo de este año. Es decir, hubo una apropiación y resignificación burlona del sentido original de la frase, y es por ese motivo que decidimos cantar “vale cuatro” con “No estoy nervioso, Clarín”.

M.L. / J.M.J.