El pasado 10 de octubre fue promulgada la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual en el Senado, sepultando definitivamente la reaccionaria 22.285 de la dictadura y sentando las bases para una genuina democratización de la comunicación. Tuvieron que pasar casi treinta años para que luego de varios
tímidos intentos de modificación, llegara un gobierno con firmes convicciones de enfrentarse a los oligopolios mediáticos.
Desde la mañana anterior se habían concentrado frente al Congreso de la Nación las organizaciones pertenecientes a la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Junto a ellas, otras organizaciones, estudiantes y ciudadanos que adhirieron al proyecto, también dijeron presente. Por la tarde hubo lugar para la presentación de cantantes populares en un escenario montado sobre la avenida Entre Ríos y para la transmisión de los acontecimientos desde un estudio de Radio Cooperativa instalado en medio de la plaza.
Ya todos sabemos que en realidad fueron estas organizaciones las que le dieron origen al proyecto en los famosos “21 puntos”, los cuales luego retomaría la Presidenta Cristina Fernández. Pero a su vez, son estas organizaciones también las que le dan razón de ser a la flamante Ley, es decir: de nada servirá la Ley si no permite que estos sectores se apropien de esos espacios que les otorga la misma.
No quiero decir con esto que las organizaciones no estén capacitadas para hacerlo ni tampoco, como se dijo por ahí, que el oficialismo haya utilizado a las organizaciones para darle legitimidad a un proyecto que no persigue en absoluto la democratización de la comunicación sino el mero control de los medios, o que sólo licenciará a organizaciones afines al gobierno. Nada más lejos de mi pensamiento. Me refiero a que ya habiéndose dado el marco jurídico para la apertura del espectro radioeléctrico hacia otros sectores, quizás haya que pensar ahora en algún tipo de sistema de financiamiento para que estas organizaciones puedan equiparse. Por supuesto esto no debería funcionar como una censura encubierta, es decir, que el financiamiento le abra la puerta al gobierno para fijar ciertos contenidos. La idea sería diseñar un sistema de financiamiento estatal equitativo e independiente, para el desarrollo de nuevos medios de comunicación radiales y televisivos, así como el fortalecimiento de los ya existentes (hablamos en ambos casos de medios sin fines de lucro).
Con gustito a revancha
Las horas avanzaban y los oradores de las distintas fuerzas políticas exponían sus argumentos. El debate cada vez se hacía más acalorado. Afuera, una multitud aguardaba el final. Todos repetían que los votos ya estaban pero lo cierto es que bien entrada la madrugada, el fantasma de la 125 amenazaba: el sólo hecho de pensar en un nuevo voto “no positivo” de Cobos, daba escalofrío. Sin dudas, un nuevo revés hubiese sido de un altísimo costo político.
Era difícil pensar en la posibilidad del tratamiento del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual luego del resultado de las elecciones legislativas de junio. Ni el más optimista hubiese afirmado que apenas tres meses después de la “gran derrota”, la Ley estaría promulgada y creo que hasta el propio oficialismo se sorprendió de cómo se fue dando el proceso. No obstante, supo aprovechar la oportunidad.
Desandar el camino que guió al proyecto hacia el Congreso nos lleva al 11 de agosto, día en que se celebró el convenio entre la AFA y el Estado para la televisación de los partidos de Primera División. Si bien ya existía la idea de intervenir en esta cuestión (véase el artículo 65 del proyecto original presentado por la Presidenta el 18 de marzo en la ciudad de La Plata), el conflicto de los clubes con sus jugadores por las deudas salariales y la posibilidad de que esto llevara a una huelga que retrasara el inicio del torneo, fueron motivos suficientes para que el gobierno se adelantara al tratamiento del proyecto y realizara una tentadora oferta a la AFA.
Este hecho fue clave para instalar el debate acerca de la importancia de cambiar la arcaica Ley de Radiodifusión firmada por Videla. A su vez, para el Grupo Clarín significó una importante pérdida de poder: despojado de uno de sus principales generadores de ganancias, comenzó entonces una inescrupulosa campaña de demonización del proyecto oficialista. El resto de los medios hegemónicos, las entidades de medios privados y por supuesto, gran parte de la oposición, también fueron de la partida. Así se llegó al 9 de octubre.
Todo pasa y todo queda…
Una de las ideas que más se repitieron en los días previos a la votación en el Senado, fue la de que las intenciones del gobierno con esta Ley no eran otras que el ataque hacia el Grupo Clarín. Haciendo un dramático papel de víctima, el mencionado grupo se escudó permanentemente en una ficticia libertad de expresión para ocultar sus reales intenciones de vaciar de contenido el debate por la democratización. Asimismo, quienes hablaban de “Ley K” y de “debate express” borraban el verdadero origen del proyecto y el trabajo que en los últimos cinco años se vino realizando en el espacio de la Coalición por una Radiodifusión Democrática.
Y si, en efecto, además de abrir el espectro mediático a otros sectores, la Ley constituyera un “ajuste de cuentas” con el Grupo Clarín, yo pregunto: ¿Qué hay de antidemocrático en querer poner límites al poder económico-mediático? En definitiva, ambas cuestiones van de la mano: quitarle a unos para darle a otros.
Lo cierto es que la lucha no fue en vano ya que quedó plasmada en una Ley. Ahora es importante defenderla de la misma manera en que se apoyó el proyecto: con el debate y la discusión pero también con la apropiación de los medios por parte de las organizaciones sociales, medios que ahora sí están a su alcance. A la vez, ofreciendo un buen servicio de información (para demostrar que un medio comunitario no es sinónimo de baja calidad informativa) y generando vínculos con la población a partir de dar respuesta a sus verdaderas necesidades.
Una última (y fundamental) cuestión: la importancia de tener memoria. Durante estos meses de fuertes debates, quedó al descubierto quiénes son los propietarios de los medios de comunicación y a qué intereses responden. También quedó explicitado por qué se informa de una u otra manera y cómo esto tiene que ver con las intenciones que se persiguen. Se vino abajo, al fin (aunque muchos emisores y receptores se empecinen en seguir sosteniéndola), la idea de que los medios son reflejo de la realidad y que informan con objetividad. Creo que a la hora de seguir pensando qué comunicación queremos para la Nación, no debemos olvidarnos de todo esto.
J.M.J.
