Cada día que pasa entiendo más a los ludistas. A veces siento tanta bronca e indignación por lo que veo y escucho en la televisión que me dan ganas de destruirla a golpes. Por suerte antes de hacerlo me tomo dos o tres segundos para reflexionar y depongo mis violentas intenciones. Los años que llevo como estudiante de Ciencias de la Comunicación no pasaron en vano: hace tiempo que dejé la teoría de la “caja boba” (“la TV es mala”) para entender que uno puede realizar una lectura crítica de los medios de comunicación, apuntando no al “aparato” sino a quienes lo manejan y a su discurso. Hace tiempo que me di cuenta que el “tirano” no es “el tiempo” sino los dueños de los medios.
Desde que comenzó el debate por el proyecto-Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se han dicho muchas cosas en los principales medios: desde frases apocalípticas como “El gobierno impulsa la ley mordaza” o “TN va a desaparecer”, hasta grotescas como “Se viene el cepo K”. También hubo grandes errores de periodistas (que quizás denotan una insuficiente lectura del proyecto) como los que hicieron referencia al posible condicionamiento de medios gráficos a partir de la nueva Ley, cuando el proyecto en ninguno de sus artículos hace alusión a la prensa escrita. Pero sin lugar a dudas, lo más bajo de todo fue utilizar en un spot radial de Radio Mitre y FM 100 el nombre de periodistas que ya fallecieron como Néstor Ibarra, Adolfo Castelo y Jorge Guinzburg, para inclinar a la “opinión pública” a su favor. Algo similar también se hizo en Canal 13 con imágenes de “Pepe” Biondi, Alberto Olmedo y Javier Portales (artistas también fallecidos).
Existen otras publicidades que no se quedan atrás: me refiero a las de las entidades que nuclean a los medios privados y a la televisión por cable, las del consejo publicitario y las de instituciones cuyo origen es una nebulosa como la “Fundación Valores”. Hay un spot, por ejemplo, que muestra un control remoto mientras se repite la parte del himno nacional que dice “libertad, libertad”. Considero que reducir el concepto de libertad a la elección de la programación es verdaderamente triste. Otro spot similar sostiene que el poder “te lo da el control remoto” (y no la Ley, como dice la propaganda oficial), ignorando que sólo una programación plural, diversa y con intereses que no sean meramente el lucro (aspectos contemplados en el proyecto-Ley en cuestión) puede fomentar el pensamiento crítico y liberador en los televidentes. Ése y no otro, es el verdadero poder que tiene el ser humano.
No obstante, todos estos recursos no dejan de ser desesperados “manotazos de ahogado” de grupos económicos que por primera vez desde la vuelta de la democracia, están viendo afectados sus intereses y su poder. Ya lo dijimos en notas anteriores: estamos ante una oportunidad histórica para mejorar la distribución de los espacios de comunicación. Luego de casi treinta años, el Decreto-Ley 22.285 firmado por Videla tiene los días contados.
Interrogantes
Volvemos al garrote. ¿Cómo no sentir indignación cuando el Grupo Clarín habla de “libertad de expresión” sabiendo que “el gran diario argentino” es propietario (junto con La Nación y el Estado Nacional) de Papel Prensa S.A.? Desde 1978 (oh casualidad…) esta empresa comercializa el papel con el que se hacen la mayoría de los periódicos del país, es decir que estos últimos son de una manera u otra, clientes de Clarín. ¿Qué pasaría si Clarín subiera considerablemente el precio del papel? Provocaría a la larga el cierre de los diarios más pequeños. ¿No es acaso esto una amenaza latente contra la libertad de expresión?
¿Cómo no exasperarse cuando con total hipocresía los multimedios dicen estar de acuerdo en querer cambiar la ley de la dictadura, habiéndose beneficiado durante todos estos años con esa reglamentación y con las modificaciones menemistas? ¿Cómo no sentirse subestimado intelectualmente por el Grupo Clarín cuando en su página web nos habla de “integración” para referirse a la compra de empresas de medios y de otros rubros, dando lugar a la más feroz concentración?
¿Cómo no desesperarse cuando los mismos argumentos que el Grupo Clarín utiliza para oponerse al proyecto, se escuchan en la calle, en los transportes públicos y en otros lugares de concentración? ¿Cómo no sentir impotencia ante la facilidad que tienen tales estrategias para lograr resultados favorables y, en consecuencia, lo difícil que se hace a veces la batalla que uno puede dar a partir del debate y la discusión?
El vedettismo de (una parte de) la oposición
¿Cómo no exasperarse cuando con total hipocresía los multimedios dicen estar de acuerdo en querer cambiar la ley de la dictadura, habiéndose beneficiado durante todos estos años con esa reglamentación y con las modificaciones menemistas? ¿Cómo no sentirse subestimado intelectualmente por el Grupo Clarín cuando en su página web nos habla de “integración” para referirse a la compra de empresas de medios y de otros rubros, dando lugar a la más feroz concentración?
¿Cómo no desesperarse cuando los mismos argumentos que el Grupo Clarín utiliza para oponerse al proyecto, se escuchan en la calle, en los transportes públicos y en otros lugares de concentración? ¿Cómo no sentir impotencia ante la facilidad que tienen tales estrategias para lograr resultados favorables y, en consecuencia, lo difícil que se hace a veces la batalla que uno puede dar a partir del debate y la discusión?
El vedettismo de (una parte de) la oposición
Más preocupada por salir bien en cámara que por discutir el proyecto-Ley, gran parte de la oposición (UCR, Coalición Cívica, Unión-PRO y PJ disidente, entre otros) anduvo desfilando por un sinnúmero de programas televisivos y, en otras ocasiones, transmitió en vivo y en directo desde el Congreso de la Nación. Durante el mes de septiembre, los argumentos de los diputados y senadores fueron variando a medida que se iban desarrollando los hechos. Primero utilizaron el recurrente “no es momento” (como no era momento tampoco para la reforma política o para la televisación del fútbol). Luego se habló de “ilegitimidad del actual Congreso”, argumento falso ya que independientemente del resultado de los pasados comicios, la actual composición es producto también de un proceso eleccionario. En consonancia con este último argumento, se planteó que el oficialismo quiere tratar rápidamente el tema para que la Ley se promulgue antes de diciembre, ignorando (intencionadamente) que desde hace cinco años se viene trabajando en este proyecto y que ya figuraba en la plataforma electoral con la que Cristina Fernández y Julio Cobos triunfaron en 2007.
Como la estrategia de dilatar el tratamiento del proyecto (para que finalmente no fuera discutido) no impidió que comenzara el debate, los legisladores de la oposición más dura pusieron sobre la mesa otro argumento gastado: “no hay discusión, el oficialismo sólo quiere imponer” (similar al “no hay diálogo” de la Mesa de Enlace). Pero lo cierto es que cuando tuvieron la oportunidad en la Cámara de Diputados, prefirieron retirarse del recinto y declarar ante las cámaras de TV que no querían “hacerle el juego al kirchnerismo” (actitud que se acerca más a un capricho que a la función legislativa en sí). Mucho más digno fue el papel de la oposición de centroizquierda (Proyecto Sur, Nuevo Encuentro Solidaridad e Igualdad y Partido Socialista, entre otros), la cual logró introducir numerosas modificaciones al proyecto y permaneció en las bancas para participar de las votaciones en general y en particular. Así entonces, el proyecto obtuvo la media sanción y pasó al Senado.
La gran ausente durante el debate fue Elisa Carrió; para muchos, la principal referente de la oposición. Sin embargo, si hacemos un poco de memoria, debemos recordar que cuando comenzó a barajarse la posibilidad de que el proyecto fuera presentado en el Congreso, la diputada electa declaró: “No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos si es en defensa de la libertad de expresión”. En sintonía con estas palabras, en un debate televisivo con Agustín Rossi (FPV), el diputado de la UCR Oscar Aguad puso en duda la existencia de monopolios mediáticos. Un interrogante, entonces: ¿cómo puedo creerles cuando dicen estar de acuerdo en querer cambiar la actual Ley de Radiodifusión?
¿Cómo creerle a Francisco De Narváez cuando afirma que los políticos no deberían poder ser licenciatarios de medios de comunicación, cuando él es el accionista mayoritario del canal América? ¿Cómo creerle al senador Juan Carlos Romero cuando habla de libertad de expresión siendo él el dueño del diario El Tribuno de Salta? ¿Y de qué libro sacó el diputado Federico Pinedo (PRO) que la libertad de expresión es “la posibilidad de criticar al gobierno”?
Por último, también en un programa televisivo, el diputado Fernando Iglesias (CC) criticó duramente el proyecto y sostuvo que, de sancionarse la Ley, las organizaciones sociales que obtendrán licencias sólo serán las que tienen afinidad con el gobierno: “se vienen entonces ‘Radio Moyano’ o ‘Radio D’Elía’”, ironizó. ¿No será que el señor Iglesias le teme al fantasma de un segundo “aluvión zoológico” como el del 17 de octubre del ’45? ¿No será que teme que “los negros” regresen pero para “lavarse las patas” en las fuentes de Clarín?
Como la estrategia de dilatar el tratamiento del proyecto (para que finalmente no fuera discutido) no impidió que comenzara el debate, los legisladores de la oposición más dura pusieron sobre la mesa otro argumento gastado: “no hay discusión, el oficialismo sólo quiere imponer” (similar al “no hay diálogo” de la Mesa de Enlace). Pero lo cierto es que cuando tuvieron la oportunidad en la Cámara de Diputados, prefirieron retirarse del recinto y declarar ante las cámaras de TV que no querían “hacerle el juego al kirchnerismo” (actitud que se acerca más a un capricho que a la función legislativa en sí). Mucho más digno fue el papel de la oposición de centroizquierda (Proyecto Sur, Nuevo Encuentro Solidaridad e Igualdad y Partido Socialista, entre otros), la cual logró introducir numerosas modificaciones al proyecto y permaneció en las bancas para participar de las votaciones en general y en particular. Así entonces, el proyecto obtuvo la media sanción y pasó al Senado.
La gran ausente durante el debate fue Elisa Carrió; para muchos, la principal referente de la oposición. Sin embargo, si hacemos un poco de memoria, debemos recordar que cuando comenzó a barajarse la posibilidad de que el proyecto fuera presentado en el Congreso, la diputada electa declaró: “No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos si es en defensa de la libertad de expresión”. En sintonía con estas palabras, en un debate televisivo con Agustín Rossi (FPV), el diputado de la UCR Oscar Aguad puso en duda la existencia de monopolios mediáticos. Un interrogante, entonces: ¿cómo puedo creerles cuando dicen estar de acuerdo en querer cambiar la actual Ley de Radiodifusión?
¿Cómo creerle a Francisco De Narváez cuando afirma que los políticos no deberían poder ser licenciatarios de medios de comunicación, cuando él es el accionista mayoritario del canal América? ¿Cómo creerle al senador Juan Carlos Romero cuando habla de libertad de expresión siendo él el dueño del diario El Tribuno de Salta? ¿Y de qué libro sacó el diputado Federico Pinedo (PRO) que la libertad de expresión es “la posibilidad de criticar al gobierno”?
Por último, también en un programa televisivo, el diputado Fernando Iglesias (CC) criticó duramente el proyecto y sostuvo que, de sancionarse la Ley, las organizaciones sociales que obtendrán licencias sólo serán las que tienen afinidad con el gobierno: “se vienen entonces ‘Radio Moyano’ o ‘Radio D’Elía’”, ironizó. ¿No será que el señor Iglesias le teme al fantasma de un segundo “aluvión zoológico” como el del 17 de octubre del ’45? ¿No será que teme que “los negros” regresen pero para “lavarse las patas” en las fuentes de Clarín?
J.M.J.
